El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa que destinará más de 4.900 millones de euros a la creación de vivienda social y a la rehabilitación. Desde Green Building Council España (GBCE) se ha celebrado este nuevo enfoque, por priorizar el alquiler asequible y los regímenes de protección permanente en todo el territorio.
La normativa exige que las nuevas construcciones tengan un consumo energético un 20% inferior al estándar actual. Por su parte, las rehabilitaciones deberán eliminar el amianto y valorizar el 70% de sus residuos. Estas medidas buscan alinear al sector con los objetivos europeos de descarbonización, economía circular y salud.
Una novedad clave es el rescate de proyectos financiados por los fondos Next-Generation. Mediante una modificación legal, se permitirá finalizar las obras más allá de junio de 2026 y se autorizan aportaciones públicas complementarias. Esto garantiza que los proyectos iniciados no se detengan por falta de plazo o presupuesto.
A pesar del optimismo, el sector enfrenta el reto de una reducción en las ayudas directas a la rehabilitación. Las subvenciones pasarán de los 1.140 millones anuales de los fondos europeos a 420 millones de euros en el nuevo periodo. No obstante, el plan mantiene incentivos extra para viviendas en zonas tensionadas y soluciones de construcción industrializada.