La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha solicitado a la Comisión Europea que analice el Mecanismo de Pago a Proveedores de determinadas entidades locales. La organización cuestiona que el cobro del principal de las facturas pueda quedar condicionado a que los proveedores renuncien a los intereses de demora, las costas judiciales y otros gastos derivados del retraso, y pide valorar si esta condición es compatible con la Directiva 2011/7/UE y con la protección europea de los acreedores.
La PMcM reconoce que este mecanismo facilita liquidez y contribuye al saneamiento de los ayuntamientos con dificultades financieras, pero advierte de que no debería hacerse a costa de las empresas proveedoras. Según su último Informe sobre Morosidad, el sector público pagó en 2025 a una media de 70 días, mientras que el 89 % de las empresas nunca o casi nunca reclamó intereses y al 60 % se le impusieron plazos de pago superiores a los establecidos legalmente.
La Plataforma también reclama garantías para que los fondos lleguen a toda la cadena de contratación, incluidos subcontratistas y suministradores, muchos de ellos pymes y autónomos. El plazo medio en el que los contratistas pagan a sus subcontratistas se sitúa en 87 días, por lo que la PMcM pide al Gobierno revisar las condiciones del mecanismo y asegurar que la liquidez alcance también a las empresas y profesionales que han participado en la ejecución de los contratos.