UNE celebró un encuentro donde comentó las novedades de la Norma UNE-EN 17687
El pasado 30 de marzo, la Asociación Española de Normalización, UNE, celebró junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un encuentro en el que diferentes expertos dieron a conocer las novedades sobre la Norma UNE-EN 17687 Contratación Pública, Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación.
La finalidad de esta norma es ofrecer los requisitos y directrices a las organizaciones compradoras, con respecto a la integridad y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública, incorporan desde la identificación de las necesidades hasta la entrega de bienes, servicios o contratos de trabajo.
La norma recoge información a cerca de la gestión de riesgos durante el proceso de contratación pública, tras identificar riesgos en materia de integridad y rendición de cuentas que la organización compradora debe de identificar y evaluar.
Asimismo, reúne un capítulo dedicado al personal, alineado con la Estrategia Nacional de Contratación Pública en el que establece la obligatoriedad de contar con un código de conducta por parte de la organización compradora, desarrollar procesos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción, basados en los resultados obtenidos por la evaluación de riesgos junto a la recomendación de un sistema de sanciones eficaz.
La contratación pública supone un 20% del PIB de España, por lo que en los últimos años ha sufrido una modificación de la regulación jurídica para poder adaptarse a la crisis económica y poder cumplir las exigencias del derecho europeo.
De este modo, el marco regulatorio de la Unión Europea sobre contratación pública y legislación ofrece un mecanismo contra la aparición de irregularidades e inciden en la necesidad de establecer mayor integridad e inclusión sobre las normas en materia de resolución de conflicto de intereses.
En este sentido, el pasado 8 de febrero, se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023 – 2026 (ENCP), cuya finalidad era establecer medidas y actuaciones que permitieran combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
