La PMcM denuncia falta de rigor con las licitaciones públicas en materia de subcontratación

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado como “revelador” el “Informe Anual de supervisión de la contratación pública en España – 2021”, elaborado por la OIReScon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), en la parte relativa a la Subcontratación.

Tras este análisis, la PMcM coincide con la OIReScon en la “baja calidad de la información disponible” en tanto se refiere a la subcontratación en la contratación pública, “impidiendo dar una imagen real de la contratación pública en España”. Por ejemplo, en la mayoría de los casos el órgano de contratación no completa los datos, y en el 95,92% de los contratos no se indica si existe o no subcontratación.

Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “sorprende la situación de que sea la propia Hacienda la que aparentemente esté incumpliendo su obligación de comprobar los plazos de pago de los contratistas a sus subcontratistas”, dado que la administración está obligada a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas en los casos en los que se haya llevado a cabo la subcontratación de al menos el 30% del precio del contrato en contratos de obras y servicios con un valor estimado que supere los 5.000.000 de euros.

“Si Hacienda exigiera toda la información que falta se sabrían los plazos a los que pagan los contratistas, y si además cumpliera la ley sancionándoles, entonces mejorarían los plazos de pago a los subcontratistas”, asegura el presidente de la PMcM. Ley Crea y Crece, oportunidad de oro. La PMcM ha recordado que hay que aprovechar la oportunidad de oro que ha surgido gracias a la Ley Crea y Crece, por la que se ha introducido una modificación en la Ley de Contratación del Sector Público que afectará sustancialmente en la mejora de los plazos de pago.

De ahora en adelante, los contratistas deberán acreditar en sus certificaciones de obra que los pagos realizados hasta la fecha a sus subcontratistas se ajustan a los plazos de pago legales.